Thursday, January 19, 2006

Ninguna lista uribista podrá avalar expulsados

Por instrucciones de Uribe


Bogotá, resumen agencias

El presidente Álvaro Uribe respaldó la decisión de Cambio Radical y el Partido la ‘U’ de excluir de sus listas a quienes supuestamente estén vinculados con organizaciones al margen de la ley.
Igualmente, desautorizará a los movimientos o partidos uribustas que acojan a políticos excluidos de otros movimientos, según se conoció ayer en fuentes oficiales de la Casa de Nariño.
El coordinador del partido de la U, Juan Manuel Santos, hizo público el anuncio del presidente de la República, a propósito de los cinco congresistas que fueron expulsados del movimiento Cambio Radical y del propio movimiento de la U.
Por su parte el senador Mario Uribe Escobar, de Colombia Democrática, primo hermano del presidente de la República, dijo que acatará la directriz del primer mandatario.
Uribe Escobar ofreció el martes en la noche recibir en su movimiento a los congresistas vetados Dieb Maloof, Habib Merheg, Luis Eduardo Vives, Jorge Castro y Jorge Caballero.
Ayer en la mañana, tras una reunión en la Casa de Nariño con su primo Álvaro Uribe Vélez, el senador Mario Uribe dio un cambio radical a su ofrecimiento de la noche anterior: “acato las instrucciones de no recibir en las listas de Colombia Democrática” a nadie que tenga la menor sospecha de vínculos con las autodefensas.
Y mientras los voceros de los principales grupos uribistas expresaban públicamente que acataban las instrucciones de la Casa de Nariño para no recibir en sus filas a los expulsados, ayer en Barranquilla el senador y máximo orientador del movimiento Convergencia Democrática, Luis Alberto Gil Castillo, recomendó que se conforme de rapidez una “comisión de la verdad para que haga claridad sobre estos temas”. Y agregó, en declaraciones al periodista de Noticias Ya, Ramón Soto, que su movimiento sí recibiría en su seno a quienes, si bien están siendo cuestionados por tener presuntos vínculos con el paramilitarismo, no han sido “vencidos en juicio ni se les ha comprobado plenamente ese tipo de vínculos”.
Se conoció que los cinco expulsados —Luis Eduardo Vives, Habib Mehreg, Dieb Maloof, Jorge Castro Pacheco y Jorge Caballero Caballero— empezaron ayer mismo reuniones de trabajo para finiquitar un Plan B para ir al debate con el aval de otros partidos.

Monday, January 16, 2006

Por primera vez, revelan nombres de políticos que podrían ser vetados por vínculos con 'paras'



Las sospechas sobre algunos candidatos al Congreso afectan al Partido de La U, a Cambio Radical, al liberalismo y al conservatismo.

El pasado 20 de diciembre Juan Manuel Santos, Julio Sánchez Cristo, Gina Parody y Claudia de Francisco coincidieron en el restaurante italiano Ocho y medio, en la calle 74, en el norte de Bogotá. Al principio todo parecía una reunión de buenos amigos, alegres por el contagioso ambiente navideño y la tarde soleada. Pero, de un momento a otro, los comentarios políticos comenzaron a saltar sobre la mesa y a mezclarse con el agradable aroma de la pasta y las salsas italianas.

De pronto, el tema del ingreso de Gina al partido de ‘la U’ se convirtió en el plato fuerte. Santos dijo que le gustaría tenerla en su lista de candidatos al Senado. Gina le aceptó el reto, pero le puso como condición sacar de la lista a tres hombres que, según ella, tienen vínculos con grupos paramilitares: Dieb Maloof, Habib Merheg y otro hombre de la Costa cuyo nombre no fue revelado.

Para ese entonces Gina, quien preparaba su campaña como independiente a la Cámara por Bogotá, se convertía en una figura cada vez más atractiva para los dos grandes movimientos uribistas: el partido de ‘la U’, de Santos, y Cambio Radical, de Germán Vargas. En las encuestas aparecía como una de las grandes dueñas del voto de opinión en la capital del país, en donde ‘la U’ podría estar en desventaja.

Pero no era solo Gina quien insistía en la necesidad de revisar con lupa los nombres de los aspirantes al Congreso. Las alarmas ya habían sido prendidas por los ex presidentes Andrés Pastrana (cuando estaba en la oposición), César Gaviria y Alfonso López. Los tres denunciaron la notoria presencia de sectores muy cercanos a los paramilitares en el entorno de las listas uribistas.

La Corte Constitucional, en su sentencia sobre la Ley de Garantías, calificó como de "especial relevancia la prohibición de que grupos armados al margen de la ley se involucren en las campañas presidenciales, a favor o en contra de los candidatos y de las personas que simpaticen con ellos".

Alarmas prendidas

En noviembre, Santos y Vargas también habían expresado sus preocupaciones por el riesgo de la filtración de sectores ilegales en las listas de candidatos a Congreso. Santos propuso a Vargas "un gran pacto en contra de las prácticas de coacción electoral por parte de grupos armados al margen de la ley".

En respuesta, Vargas contrapropuso a Santos la creación de un tribunal de honor "que cobije tanto a quienes tienen vinculación con grupos al margen de la ley, como a quienes tienen relación con fenómenos de corrupción y narcotráfico". Pero al día de hoy, nada en concreto ha pasado.

Las preocupación inquietó incluso a Estados Unidos. El embajador de ese país en Colombia, William Wood, dijo el pasado 16 de diciembre que pediría al gobierno del presidente Álvaro Uribe retirar los beneficios legales a los paramilitares que interfirieran las elecciones del 2006.

Pero el mensaje del embajador provocó una airada reacción de Uribe. Nunca se le había visto un tono igual al Presidente frente a E.U. Esa misma noche el mandatario expidió un comunicado en el que notificó a Wood que su gobierno no estaba dispuesto a tolerar sus intromisiones en los asuntos internos: "El Plan Colombia no puede ser utilizado por Estados Unidos como un elemento de presión sobre nuestro país".

Pasadas las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el tema volvió a ponerse sobre la mesa esta semana por la urgencia para definir las listas al Congreso que deben ser inscritas a más tardar el 7 de febrero.

Gina, como se supo públicamente, se volvió a reunir esta semana con Santos. Todo parece indicar que insistió en sus reclamos. La congresista ha rehuido a los periodistas estos días y rehusó hacer cualquier comentario al respecto.

Indagado por EL TIEMPO sobre la decisión de retirar a Maloof y a Merheg de las listas de ‘la U’, Juan Manuel Santos dijo que si le dan las pruebas de su vinculación con las organizaciones ilegales, está dispuesto a retirarlos.

Aún no se sabe cuál será el final de esta historia, pero lo importante es que, tras muchas polémicas públicas sobre la presunta presencia de personas vinculadas con los paramilitares en las listas al Congreso, esta es la primera vez que se mencionan nombres de quienes eventualmente podrían ser vetados.

EL TIEMPO investigó con otros partidos y encontró que hay otros nombres en la mira y en otras listas.

La misma Gina Parody en otra oportunidad desafió al jefe del Partido Liberal, César Gaviria, a que "en vez de mirar la paja en el ojo ajeno, mire la viga en el propio" –refiriéndose a los señalamientos de Gaviria sobre ‘paras’ en listas uribistas– y le recomendó "sanear sus propias listas".

A propósito del tema, una fuente de seguridad del Estado le dijo a este diario que el senador liberal Vicente Blel, de Cartagena, figura en el expediente que se le sigue en una corte de Estados Unidos a Santa Lopesierra (el llamado senador Marlboro), en el que varios testimonios señalan a Blel de tener vínculos con ilegales.

De otro lado, se conoció también que el senador Jairo Enrique Merlano, del partido de ‘la U’, y la representante Muriel Benito Rebollo, del Partido Conservador, ambos oriundos de Sucre, figuran en una investigación que la Corte Suprema de Justicia realiza sobre vínculos de líderes políticos con paramilitares.

Consultado sobre Merlano, Santos también dijo que desconoce que el senador esté vinculado a una investigación en la Corte.

La lista de German Vargas tampoco parece salvarse. En el fragor de las últimas movidas políticas le advirtieron sobre presuntos vínculos de los candidatos de su lista Jorge Castro y Jorge Caballero con sectores paramilitares.

El primero es hermano de ‘Tuto’ Castro, quien es reconocido por congresistas de la Costa como hombre de confianza de ‘Jorge 40’, uno de los más temidos jefes paramilitares con influencia de extensas zonas del Cesar, Magdalena y La Guajira, y quien no ha mostrado interés en desmovilizarse.

Al ser interrogado sobre Castro, Vargas dijo que se lo presentaron como un hijo de Paulina de Castro Monsalvo –dirigente histórica liberal del Cesar–, pero que en caso de que tenga vínculos con esos sectores ilegales "se va, porque en Cambio Radical no aceptamos estas cosas". Vargas fue contundente: "Nosotros no necesitamos ni pruebas ni juicios previos para sacarlos. Se van".

De Caballero dijo que no le incomoda su presencia.

Puede que todo sea parte de las pujas políticas, pero lo cierto es que aterriza un debate en el cual dos grandes grupos uribistas y los dos partidos tradicionales tienen cosas que explicar. Así como también tendrán que hacer lo propio otros que se han visto más señalados.

Los acusados

Ni Habib Merheg ni Dieb Maloof están en plan de irse de ‘la U’. Ambos, según dicen ellos, ya tienen sus números asignados en la lista de candidatos: Merheg el 23 y Maloof el 40.

Merheg, a quien la senadora Piedad Córdoba acusó de actuar en la política en nombre de ‘Macaco’ (uno de los hombres con mayor poder en la estructura paramilitar), dijo que no tiene ninguna información sobre su salida de ‘la U’.

Entretanto, Jorge Castro respondió a este diario que a su hermano sí lo llaman ‘Tuto’, pero que no tiene ningún vínculo con ‘paras’, que es un ganadero. "Los ‘paras’ son el resultado de que el Estado abandonó muchas zonas del país", acotó.

Por su parte, Maloof aseguró no conocer esos presuntos vetos y que a lo mejor son rumores de sus adversarios políticos, en especial de Bolívar.

De Maloof se dice que asistió recientemente a una reunión con Enilce López (más conocida como La Gata) y algunos ilegales de la Costa Atlántica. Él admitió que el 20 de noviembre López lo visitó en su residencia de Barranquilla, para darle el pésame por el asesinato de su suegro. Además, confirmó que López vive en frente de su casa en esa ciudad, lo que los mantiene en contacto.

En su diálogo con EL TIEMPO, Maloof agregó que el pasado jueves en la mañana visitó al presidente Álvaro Uribe, en la Casa de Nariño y allí le expresó su interés en mantener vigente su candidatura al Senado por el partido de ‘la U’. "Eche para delante, cuente conmigo", le respondió el Mandatario, según comentó Maloof.

Una alta fuente de la Casa de Nariño dijo ayer que Maloof sí estuvo en Palacio, pero con las reinas y los beisbolistas de Barranquilla que visitaban a Uribe. Pero que no hubo tal reunión.

Candidatos al congreso en la cuerda floja

Dieb Maloof, candidato al Senado por el Partido de la U, uno de los primeros señalados en tener vínculos con los ‘paras’.
Habib Merheg, risaraldense, de ‘la U’, otro de los que serían vetados. Lo acusa Piedad Córdoba de vínculos con ‘Macaco’.
Vicente Blel, del Partido Liberal, figura en el proceso judicial que se lleva en E.U. contra Santalopesierra.
Jorge Castro, de Cambio Radical. Piden que sea retirado por supuestos vínculos con el paramilitar ‘Jorge 40’.
Otros dos

En el debate sobre los vínculos de paramilitares con políticos también son mencionados el partido Colombia Democrática, del senador Mario Uribe, y Convergencia Ciudadana de Luis Alberto Gil.

En el primer caso se trata del grupo al que pertenecen entre otros Eleonora Pineda, Rocío Arias y Miguel de la Espriella, quienes han hecho públicas, sobre todo las dos primeras, sus simpatías con los paramilitares.

En cuanto a Convergencia Ciudadana, dirigentes políticos de diversas regiones han señalado a Gil como un hombre que maneja grandes cantidades de dinero en su campaña política y han pedido que se investigue. Entre otros, lo han solicitado Germán Vargas Lleras y Hugo Serrano, que representan a partidos diferentes.

¿Dónde está la desigualdad?

por Aurelio Suárez Montoya Monday, Jan. 09, 2006 at 8:59 PM
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En los últimos días de 2005 y en los primeros de 2006, al calor de la campaña política, se ha desatado un intenso debate acerca de la iniquidad en la distribución del ingreso en Colombia y del reparto desigual de los incrementos del crecimiento económico.
La discusión no es inane y puede convertirse en torneo de entelequias; y no es para menos: mientras el banco insignia del Grupo Empresarial Antioqueño gana un millón de dólares diarios, once millones de compatriotas viven con un dólar al día y el ingreso anual promedio de los colombianos sólo supera los dos mil dólares. ¡Peor imposible!

Dividendos de entidades del sector financiero, como los mencionados, pueden colocarlas en las listas de corporaciones privadas en Estados Unidos, como las de FORBES por ingresos netos, en puestos cercanos al número doscientos. Increíble que en un país del Sur, como el nuestro, haya consorcios que perciban réditos como si se desempeñaran en latitudes de abundancia como las del Norte. Si se miran las lonjas bursátiles, los proyectos de construcción, la intermediación bancaria, los planes viales, la deuda pública, las pensiones y la salud, el gran comercio, los contratos para seguridad y defensa, siempre ellos están recibiendo la parte del león. Existe un plan estatal preconcebido para que todos los días ingrese dinero a las arcas de dichos privilegiados cuyo único esfuerzo consiste en ampliarlas paulatinamente para dar cabida al inmenso caudal venido de innumerables negocios públicos y privados. Son los reyes Midas del neoliberalismo.

¿Es posible, sin modificar tal orden económico, alcanzar equidad social? ¿Es con el "efecto goteo", por el que la riqueza escurre de Epulón a Lázaro, como se resolverá la injusticia? ¿Basta con entregar exenciones tributarias a los grandes grupos para que ellos las trasladen al resto a pro rata? ¿Es con la restricción del Estado a mínimas actividades de tutela jurídica y orden público como el mercado, con sus imperturbables leyes de oferta y demanda, se encarga del bienestar general?

La globalización y el neoliberalismo han traído dos grandes perversidades: la primera, en la que mayor énfasis se hace: el aumento de las distancias entre las potencias y las naciones pobres, incluyendo un retroceso en la curva del desarrollo para las de ingreso medio; y, la segunda, igualmente perjudicial y no tan difundida: el incremento de las desigualdades al interior de los países entre las elites y las demás clases sociales. Algo de esto se descubrió con vergüenza en Nueva Orleáns en el seno de la propia sociedad norteamericana a la sazón del huracán Katrina, y es lo mismo que brota cuando se conocen los estados de las finanzas de los cuatro dueños de Colombia, socios de Estados Unidos.

El Tratado de Libre Comercio ahonda los postulados neoliberales, los eleva a norma constitucional y les otorga carácter perenne. Es su mayor perfidia. Que la discusión en torno a las enormes diferencias sociales y económicas que dividen hoy a los colombianos comience por el rechazo general a la iniciativa imperial que las puede agrandar; nadie puede lamentar el patético cuadro social del país y, a la vez, avalar el TLC. Y, en segundo lugar, así como en la triunfante campaña presidencial de Clinton en 1992 en los Estados Unidos, cuando sus asesores ante lo obvio le prescribieron: "¡es la economía, estúpido!", aquí y ahora se diga ante tanta evidencia que es la propia organización económica, la causa primera de la iniquidad, que las aberraciones de injusticia que se viven son expresiones de ella, que éstas no son el mal sino los dolorosos síntomas de un quebranto estructural que ha de corregirse de raíz, precisamente con un plan estatal contrario, al servicio de los sectores nacionales de la producción y del trabajo.